jueves, 24 de julio de 2014

Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. Artículo 1464. Tercera parte. Decisiones negativas sobre competencia.




See below English version.


La cara y el gesto



La cuestión que trato hoy no es fácil. Conviene reflexionarla con la cara dura y gesto de preocupación.

Decisiones prematuras


Si bien se observa, estas decisiones son semejantes a las de las instituciones arbitrales cuando examinan si, a primera vista (prima facie), pudiera haber un acuerdo de arbitraje. Si consideran que pudiera haber un acuerdo, remiten el expediente al tribunal arbitral para decida sobre las objeciones a su competencia. En caso contrario, dan por terminado el arbitraje. 

Esas decisiones se consideran administrativas y la parte afectada puede pedir a la autoridad judicial, que decida la cuestión. Por ejemplo, en esas circunstancias, el párrafo 6 del artículo 6 del Reglamento de la CCI expresamente reconoce el derecho de las partes de pedir a un tribunal judicial competente que decida si existe un acuerdo de arbitraje valido.

No todos los reglamentos otorgan a las instituciones tales facultades; sin embargo, es fuerte la tentación de las instituciones de rechazar arbitrajes cuando, según su criterio, no hay un acuerdo de arbitraje. Es una decisión equivocada; si el reglamento de la institución no le confiere esa facultad a la institución, tomársela de sus pistolas es una conducta audaz e irresponsable.

A mi no me gusta; en muchas ocasiones la expresión 'prima facie' es una forma de calificar decisiones prematuras; es elegante, pero irreflexiva. 

Matar un arbitraje antes de conocer las tripas del asunto es muy grave. A la parte afectada solo le queda recurrir a la autoridad judicial en busca de una sentencia que declare que el acuerdo de arbitraje es valido; una vez obtenida la sentencia favorable, podrá iniciar el arbitraje. La mayor parte de las veces se resignará y llevará todo su caso a los tribunales estatales.

Mi ejemplo favorito

Mi ejemplo favorito, aunque de no gratos recuerdos, fue cuando una institución rechazó una demanda por no encontrar que, prima facie, podía haber un acuerdo de arbitraje. 

Mi cliente, "A", celebró un contrato con un comisionista, "B". "B" era el único accionista y director general de "B1", "B2", "B3" y "B4" y en el contrato se estipuló que "B" podría vender en nombre de "A" y facturar sus comisiones por conducto de cualquiera de esas subsidiarias. Durante la ejecución del contrato, "B" realizó todas las operaciones a través de "B4". Todos los documentos constaban en papel membretado de "B4" y estaban firmados por "B", como director general de "B4"; los pagos se hicieron en las cuentas de "B4".

Cuando se presentó el conflicto, "B" era insolvente. En nuestra demanda de arbitraje incluimos a "B4", porque era la que había ejecutado las operaciones; además, tenía bienes con que responder. 

La institución arbitral, en una resolución prima facie, decidió que no había acuerdo de arbitraje con "B4" y negó la tramitación del arbitraje en su contra. Fue una decisión de su cuerpo administrativo competente, que no tuvo oportunidad de conocer todas las circunstancias del caso y tomar una decisión informada. Mi premio de consolación llegó tiempo después, cuando el consejero de la institución que vigiló el trámite del arbitraje, me confesó que después de conocer el caso completo, llego a la conclusión de que la decisión prima facie había sido un error.

Riesgos de bifurcar

Me asombra la ligereza con la que las partes, y a menudo los árbitros, insisten en bifurcar y piden una resolución pronta sobre la competencia. Es una de mis más frecuentes batallas; no se puede decidir sin tener la seguridad de estar suficientemente informado. Los árbitros, y también los abogados, sobre todo al principio, no conocen a fondo el negocio. La lectura de un número más o menos limitado de documentos e informes, las conferencias con las partes, y otras informaciones, no son suficientes para conocer y entender el detalle de relaciones complejas que, en los mas de los casos, se desarrollaron a través de los años. 

Razones de la UNCITRAL

La problemática de la revisión judicial de las resoluciones negativas sobre la competencia no es fácil; en la UNCITRAL se discutió exhaustivamente. En la sesión de la Comisión de 1985, que adoptó la LMA (artículo 16), se decidió no conceder la revisión judicial expresamente en contra de las decisiones negativas de competencia. 

La razón principal fue que no era prudente obligar judicialmente a esos árbitros a tramitar el arbitraje; si decidieron que no tenían competencia, lo mejor era permitirles que se fueran a su casa.

Los Comisión consideró que la oración final del párrafo 3 del artículo 16 LMA (Cco, 1432), interpretada en conjunto con el artículo 5 LMA (Cco, 1421), no precluye el derecho de obtener una resolución judicial sobre la existencia y validez del acuerdo de arbitraje; o, en general, de su competencia. La decisión negativa sobre la competencia del tribunal arbitral pone fin al arbitraje en cuestión, pero nada más.

El razonamiento legal es obvio. Si un tribunal arbitral decide que es competente, tiene competencia para tomar esa decisión. Una vez que quede firme esa decisión, nada queda por discutir. El arbitraje procede y debe continuar hasta su terminación.

Por lo contrario, si un tribunal arbitral se considera incompetente sólo puede dar por terminado el arbitraje; si decide que no tiene competencia, no tiene competencia. Un tribunal incompetente no puede tomar ninguna otra decisión; por ejemplo, no puede decidir que el acuerdo de arbitraje es nulo. En tanto la cuestión no está decidida, corresponde a los tribunales del Estado decidir si el acuerdo es valido y si la disputa debe resolverse en arbitraje. 

El CLOUT y el Digesto

Este entendimiento, según el comentario en el Digesto que cita casos del CLOUT, lo han sostenido los tribunales de Hong Kong, Singapur y Kenia. Sin embargo, un primer grupo de casos del Canadá muestran que algunas cortes han aplicado el artículo 16(3) a decisiones negativas sobre la jurisdicción, razonando que si el artículo 16(3) pudiera únicamente invocarse en relación con decisiones preliminares, rechazando objeciones a la jurisdicción del tribunal, el demandante se vería obligado a comenzar acciones judiciales sin haber obtenido el beneficio de una resolución judicial en la cuestión disputada sobre la jurisdicción. Esta opinión merece seria consideración.

El Digesto reporta otras tendencias, en Canadá y en Alemania, en las que se discute si una decisión de esta clase puede considerarse como un laudo que da por terminado el arbitraje. También sobre si se aplican las causales de nulidad del artículo 34 LMA. Los remito a la lectura del Digesto porque aquí no cabe una reseña aceptable.

En México

En México será la jurisprudencia la que marque el rumbo. Por lo pronto, en respeto a la uniformidad, tanto el artículo 1432, como el Capítulo X, se atienen al modelo de la UNCITRAL.

Cualquier solución que se adopte tendrá inconvenientes. Es cierto que el problema no ha sido grave; salvo los que reporta la jurisprudencia del CLOUT no conozco de casos que se hayan llevado a los tribunales. La mayoría de las impugnaciones a la competencia se hacen con poco fundamento y los tribunales las rechazan.

Lo cual no quiere decir que no las haya buenas.


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Supplementary Legislation.  Chapter X on Court Intervention in Arbitration.  Article 1464.  Third Part.  Negative Decisions on Jurisdiction.

With Stern Face and not Quite Sure

The issue I deal with today is not an easy one. It is convenient to reflect on it with a stern face and a concerned expression.

Premature Decisions


If well observed, these decisions are similar to the ones taken by arbitral institutions when, empowered to do that, they decide whether at first sight (prima facie), there might be an arbitration agreement. If those institutions consider that it might be an agreement, they refer the case to the arbitral tribunal for it to decide on the objections to its jurisdiction. In the opposite, they terminate the arbitration.

These decisions are considered to be administrative and the affected party may request the courts to resolve the issue. For example, in these circumstances, paragraph 6 of article 6 of the ICC Rules expressly recognizes the right of the parties to request from a court with jurisdiction to decide whether there is a valid arbitration agreement.

Not all rules grant such power to the institutions; however, is very strong the temptation of arbitral institutions to reject arbitrations when, pursuant to their criteria, there is no arbitration agreement. It is a wrong course of action; if the rules of the institution do not provide the institution with such power, to exercise it from their own stomach is audacious and irresponsible.

I just don't like that power to be granted to arbitral institutions. Many times the expression 'prima facie' is a way to qualify premature decisions; it is elegant, but irreflexive.

To kill an arbitration before ascertaining the relevant facts by means of a previous hearing is quite grave. The affected party is only left to seek in the courts a decision declaring that the arbitration agreement is valid; and only once such favorable judgment is obtained, it may initiate arbitration. In most cases it will give up and take its whole case to courts.

My Favorite Example

My favorite example, albeit not a nice memory, occurred when an institution rejected a claim for not finding that, prima facie, there may be an arbitration agreement.

My client, "A", executed a contract with an agent, "B". "B" was the sole shareholder and CEO of "B1", "B2", "B3" and "B4", and in the contract it was stipulated that "B" could operate the contract as "A”s agent and invoice his commissions through any of these subsidiaries. During the performance of the contract, "B" carried out all transactions through "B4". All the documents were printed in cover letters of "B4" and signed by "B", as CEO of "B4"; all payments were made to the accounts of "B4".

When the conflict arose, "B" was insolvent. In our request for arbitration we included “B4” as defendant, because it was the one who had carried out the whole business; besides, it was solvent enough. 

The arbitral institution, in a prima facie decision, decided that there was no arbitration agreement with "B4" and terminated the arbitration against it. It was a decision made by an administrative body, without having the opportunity of knowing all the circumstances of the case to be in position to make an informed decision. My consolation price came later on, when the counselor in charge of the case, recognized to me that, after knowing the whole case, he reached the conclusion that the prima facie rejection was mistaken. 

Risks of Bifurcating

I am shocked by the superficiality with which parties, and often arbitrators, insist in bifurcating and seek a prompt resolution on jurisdiction. It is one of my frequent battles; such an important decision shall not be made without the certainty of being sufficiently informed. The arbitrators, as well as the counsel of the parties, especially at the starting stages, know very little about the case at length. Reading a more or less limited number of documents and reports, plus some conferences with the parties and other information, are not enough to convey a thoroughly understanding of the details, complexities and interchanges that, in most cases, developed through years.

UNCITRAL's Reasons

The problematic of court revision of negative resolutions on jurisdiction is not an easy one; in UNCITRAL it was exhaustively discussed. In the Commission Session of 1985, which adopted the UMLA (article 16), it was decided not to expressly grant court revision against negative decisions on jurisdiction.

The main reason was that it was not prudent to judicially force those arbitrators to carry on with the arbitration; it they decided they had no jurisdiction, it was preferable to allow them go home.

The Commission considered that the final sentence of paragraph 3 of article 16 of the UMLA (Code of Commerce, 1432), interpreted together with article 5 of the UMLA (Code of Commerce, 1421), does not preclude the right of obtaining a State court decision on the existence and validity of the arbitration agreement; or, in general, on jurisdiction. The negative decision on the jurisdiction of the arbitral tribunal puts an end to the arbitration at hand, but nothing more.

The legal reasoning is obvious. If an arbitral tribunal decides it has jurisdiction, it has jurisdiction to take such decision. Once such decision is final, there is nothing left to discuss. The arbitration proceeds and must continue until its termination.

On the contrary, if an arbitral tribunal considers it lacks jurisdiction, it can only terminate the arbitration; if it decides it lacks jurisdiction, it doesn't have jurisdiction. A tribunal with no jurisdiction cannot take any other decision; for example, it cannot decide that the arbitration agreement is null and void. While the issue is not decided, it corresponds to the State tribunals to decide whether the agreement is valid and if the dispute must be resolved through arbitration. 

CLOUT and Digest

Pursuant to the commentary in the Digest that quotes cases of the CLOUT, Tribunals in Hong Kong, Singapore and Kenya have upheld this understanding. However, a first group of cases in Canada show that some courts have applied article 16(3) to negative decisions on jurisdiction, reasoning that if article 16(3) could only be invoked in connection with preliminary decisions, rejecting objections to the jurisdiction of the tribunal, the claimant would be forced to commence court actions without having obtained the benefit of the court resolution in the dispute over jurisdiction. This opinion merits serious consideration.

The Digest reports other tendencies, in Canada and in Germany, in which it is discussed if a decision of this nature may be considered as an award that terminates the arbitration. Also on the issue if the grounds for annulment of article 34 of the UMLA also apply. I refer readers to the Digest because I cannot make and acceptable summary here.

In Mexico

In Mexico it is left to the jurisprudence to mark the way. In the meantime, with respect to uniformity, both article 1432, and Chapter X, adequate to the UNCITRAL model.

Any solution will have inconveniences. It is true that the problem has not been grave; save for those reported in the CLOUT’s jurisprudence I do not have knowledge of cases that have been taken to the tribunals. The majority of the challenges to the jurisdiction are made with little grounds and the tribunals usually reject them.

Which does not negate that founded challenges may be made.

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