martes, 25 de noviembre de 2014

Legislación complementaria. Intercambio de información. Confidencialidad I



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Confidencialidad en la Torre de Babel




Los problemas pueden surgir no sólo en el intercambio de información, sino también cuando los árbitros exigen a una parte que les proporcione cierta información. Para negarse a proporcionar información las partes alegan diferentes conceptos, tales como que la información es confidencial, es privilegiada, es un secreto industrial y otros. Son términos muy socorridos en la práctica, pero que carecen de definición, regulación y consecuencias uniformes en los diversos sistemas legales. Tienen su base en disposiciones legales, en usos o en códigos de ética, que obligan a la parte requerida; o simples alegaciones.

Las Reglas de la IBA

Las Reglas de la IBA (International Bar Association) sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional, en las disposiciones que se ocupan de la información confidencial, me servirán para mostrar la amplitud e indefinición de estos conceptos. Aclaro que con este solo propósito las traigo a colación aquí; ya que, como expondré, su puesta en práctica puede ser problemática.

Las Reglas de la IBA solo son aplicables si las partes expresamente así lo convienen. No he participado en ningún arbitraje en que las partes hayan convenido su aplicación. Vagamente recuerdo haber visto una cláusula en la que se convenía que se aplicarían. También he visto abogados y árbitros con poca experiencia que las proponen como reglas adicionales del arbitraje.

La ambición de regular todos los aspectos de la prueba, bajo todos los sistemas y prácticas, hace que las Reglas de la IBA sean muy complejas en unos casos y vagas en otros. La estipulación de que se aplicarían con preferencia al reglamento de arbitraje convenido (artículo 1.3.), así como la posibilidad de que se contradigan con la ley del arbitraje aplicable, genera riesgos. Muy particularmente el de la sobrerregulación del arbitraje y el del incremento litigioso posterior al arbitraje.

No obstante lo anterior, son muy útiles usadas como lineamientos; a mi me han sido de gran utilidad. Según mi experiencia, su uso como lineamientos es predominante y mucho éxito. 

Reglas de la IBA. Poderes del tribunal arbitral

El artículo 9.2., permite al tribunal arbitral excluir, a instancia de parte o de oficio, la prueba o la exhibición de cualquier documento, declaración, testimonio oral por: (b) "la existencia de impedimento legal o privilegio bajo las normas jurídicas o éticas determinadas como aplicables por el Tribunal Arbitral”; (e) por "confidencialidad por razones comerciales o técnicas que el Tribunal Arbitral estime suficientemente relevantes; o (f) por razones de especial sensibilidad política o institucional que el Tribunal Arbitral estime suficientemente relevantes (incluyendo pruebas que hayan sido clasificadas como secretas por parte de un gobierno o institución política internacional)”. (énfasis añadido)

No es predecible saber adonde llevará la expresión de que se aplicarán las normas jurídicas o éticas determinadas por el tribunal arbitral. Por ejemplo, salvo que las partes lo hayan autorizado de modo expreso, ¿en donde reside el poder del tribunal para determinar que esas normas jurídicas o éticas son aplicables? Abajo comento brevemente algunos problemas.

Tampoco será predecible el resultado de las expresiones relativas a la confidencialidad por razones comerciales o técnicas, o de especial sensibilidad política o institucional, que el tribunal estime suficientemente relevantes. Son conceptos vagos; olvidan que el diablo está en los detalles.

Lineamientos al tribunal

El artículo 9.3., ofrece lineamientos al tribunal para evaluar la existencia de impedimentos legales o privilegios, en la medida en que sea permitido por cualesquiera normas jurídicas o éticas obligatorias cuya aplicación fuera determinada por el tribunal. Entre las cuestiones que el tribunal puede tomar en consideración se encuentran: (a) cualquier necesidad de proteger la confidencialidad de un Documento creado o de una declaración o comunicación oral realizada en relación con o al efecto de proporcionar u obtener asesoramiento jurídico; (b) cualquier necesidad de proteger la confidencialidad de un Documento creado o de una comunicación oral realizada en relación con y al efecto de negociaciones con el objeto de arribar a una transacción; (c) las expectativas de las partes y de sus asesores al tiempo en que se alega que ha surgido el impedimento o privilegio legal; (d) cualquier posible dispensa de un impedimento o privilegio legal aplicable en virtud de consentimiento, revelación anterior, uso favorable del Documento, declaración, comunicación oral o recomendación contenida en ella, o de cualquier otro modo; y (e) la necesidad de mantener la equidad e igualdad entre las partes, particularmente si ellas estuvieran sujetas a normas jurídicas o éticas diferentes”. (énfasis añadido)

Aquí, también, cabe comentar que no se puede predecir el resultado al que llegará el tribunal, al aplicar las expresiones que subrayé en el párrafo anterior. Al final se traducirá en “lo que diga el tribunal".

Límites al poder del tribunal

El poder para decidir cuales son “las normas jurídicas o éticas determinadas como aplicables por el tribunal”, tiene limites. Tampoco es discrecional. Es cierto que, sujeto a la legislación del arbitraje aplicable en el lugar del arbitraje, el tribunal conducirá el arbitraje de la manera que las partes lo hayan convenido y, a falta de acuerdo, del modo que considere apropiado (Cco, 1435, LMA 19). Pero una cosa es la ley del arbitraje y otra es la ley que, bajo diferentes nombres y formas, regula la confidencialidad. 

Por ejemplo, conforme al artículo 36 de la Ley Reglamentario del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las de Profesiones en el Distrito Federal, todo profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por su clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. La violación de este precepto puede acarrear responsabilidades civiles y tipificarse como delito (artículos 61 y 71).

Estas disposiciones no sólo son aplicables a los abogados, sino a todos los profesionistas: contadores, ingenieros, médicos, etcétera. 

Es cierto que los árbitros no pueden obligar al profesionista, pero se pudiera considerar que los árbitros si pueden ordenar a la partes que autoricen al profesionista a proporcionar la información requerida. Sin embargo, ¿puede el cliente, en todas las ocasiones, obligar al profesionista a que haga la revelación? ¿No habrá impedimentos inherentes a la profesión, o resultantes de las circunstancias del caso, que vayan más allá de los intereses del cliente?

En relación con los abogados, y en consonancia con las disposiciones anotadas, el Código de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, dispone que guardar el secreto profesional es un deber hacia los clientes y un derecho frente a los jueces y otras autoridades (artículo 10).

Según la Ley de Propiedad Industrial, toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado (artículo 85).

La Ley del Mercado de Valores (artículo 34), dispone que los miembros y secretario del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles, deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos de que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público.

¿Puede el tribunal arbitral ordenar al principal que, a su vez, ordene al empleado para que revele secretos industriales o información sobre los asuntos de la sociedad? ¿Puede el Director General cumplir esa orden, sin riesgo de incurrir en responsabilidades hacia la sociedad, los socios o los accionistas? ¿Puede el tribunal arbitral sancionar, o hacer inferencias negativas, en contra de una parte que se niega a seguir sus instrucciones en esas condiciones?

En conclusión, las cosas están lejos de ser claras. Por agotamiento de espacio, y cerebral, aquí termino.

Aviso

El próximo viernes, la necesidad de preparar y viajar para atender a una conferencia, me impedirá hacer la publicación habitual.


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Supplementary Legislation. Exchange of Information. Confidentiality I. 

Confidentiality in the Tower of Babel


The problems may emerge not only in the exchange of information, but also when the arbitrators require a party to deliver certain information. To refuse to deliver information, the parties argue several concepts, such as the information being confidential, privileged, is a commercial secret and others. These are terms constantly used in practice, but there is no uniform legal definition, regulation, and consequences. The use of those terms is based on legal provisions, usages or codes of ethic that oblige the requested party; or simple allegations.

The IBA Rules

The IBA Rules (International Bar Association) on the Taking of Evidence in International Arbitration, in the provisions that deal with confidential information, will serve to show the broadness and lack of definition of these concepts. I clarify that I refer to them with this sole purpose; for, as I will show, their practice may be problematic.

The IBA Rules are only applicable if the parties expressly agree to apply them. I have not participated in any arbitration in which the parties have agreed on their application. I vaguely remember seeing a clause, or a few, in which it was agreed to refer to them. I have also seen lawyers and arbitrators with little experience that propose them as additional rules to the arbitration.

The ambition of regulating every aspect of the evidence, under all systems and practices, cause the IBA Rules to be very complex in some cases and vague in others. The stipulation that they will be applied with preference over the agreed arbitration rules (article 1.3), as well as the possibility of contradiction with the 'lex arbitri', creates risks. Particularly, overregulation of arbitration and the intensification of post arbitration litigation.

Notwithstanding the foregoing, they are very useful as guidelines; they have been very useful for me. As per my experience, its use as guidelines is predominant and very successful.

IBA Rules. Powers of the Arbitral Tribunal

Article 9.2 allows the arbitral tribunal to exclude, as per the request of a party or on its own motion, the evidence or the production of any document, statement, oral testimony due to: (b) “legal impediment or privilege under the legal or ethical rules determined by the Arbitral Tribunal to be applicable”; (e) “grounds of commercial or technical confidentiality that the Arbitral Tribunal determines to be compelling; or (f) "grounds of special political or institutional sensitivity (including evidence that has been classified as secret by a government or a public international institution) that the Arbitral Tribunal determines to be compelling”. (highlights are mine)

It is not predictable to know where the expression that the arbitral tribunal shall determine the legal or ethical rules will take us. For example, except if the parties have authorized it expressly, where does the power of the tribunal rest to determine that these legal and ethical rules are applicable? I will briefly comment on some problems below.

The result of the expressions related to the tribunal’s determination on the confidentiality due to commercial or technical reasons, or those of special political or institutional sensitivity, is also unpredictable. These are vague concepts; they forget that the devil is in the details.

Guidelines ot the Tribunal

Article 9.3 offers guidelines to the tribunal to determine the existence of legal obstacles or privileges, "insofar as permitted by any mandatory legal or ethical rules that are determined by it to be applicable". Among the issues that the tribunal may take into consideration one finds: (a) "any need to protect the confidentiality of a Document created or statement or oral communication made in connection with and for the purpose of providing or obtaining legal advice"; (b) "any need to protect the confidentiality of a Document created or statement or oral communication made in connection with and for the purpose of settlement negotiations; (c) the expectations of the Parties and their advisors at the time the legal impediment or privilege is said to have arisen"; (d) "any possible waiver of any applicable legal impediment or privilege by virtue of consent, earlier disclosure, affirmative use of the Document, statement, oral communication or advice contained therein, or otherwise"; and (e) "the need to maintain fairness and equality as between the Parties, particularly if they are subject to different legal or ethical rules.”

Here, also, should be said that the result that will be obtained by the tribunal is also unpredictable when applying the expressions I highlighted in the preceding paragraph. At the end it shall be translated into “what the tribunal says”.

Limitations to the power of the tribunal

The power to decide which are the “legal or ethical rules that are determined by the tribunal to be applicable”, has limits. Neither is it discretional. It is true that subject to the law applicable to the arbitration in the seat of arbitration, the tribunal shall conduct the arbitration in the way agreed by the parties and, in the lack of such agreement, in the way it deems appropriate (Code of Commerce, 1435, UMLA 19). But one thing is the 'lex arbitri', and another the law that, through different denominations and forms, regulates confidentiality.

For example, pursuant to article 36 of the Law Regulating Article 5 of the Constitution, on the exercise of professions in the Federal District of Mexico, every professional is obligated to keep in strict confidentiality the matters entrusted by their clients to them, save for the reports mandatorily imposed by the respective laws. The violation of this provision may entail civil and criminal liabilities (articles 61 and 71).

These provisions are not only applicable to lawyers, but to all professionals: accountants, engineers, doctors, etcetera.

It is true that arbitrators cannot obligate the professional, but it could be considered that the arbitrators may order the parties to authorize the professional to provide the requested information. However, may the client, in every occasion, obligate the professional to make the disclosure? Are there not inherent limitations to the profession, resulting from the circumstances of the case, which go beyond the interests of the client?

In connection with lawyers, and in coherence with the quoted provisions, the Code of Ethics of the Mexican Bar, establishes that preserving confidentiality is a duty towards clients and a right before courts and other authorities (article 10).

Pursuant to the Law of Commercial Property ('Ley de Propiedad Industrial'), persons that, due to their job, profession, position, duty, performance of their profession or business relationship, have access to a commercial secret of which were advised of its confidentiality, shall abstain from disclosing it without justified cause and without the consent of the individual that keeps such secret, or its authorized user (article 85).

The Law of Securities Market (‘Ley del Mercado de Valores’) (article 34) establishes that the members and secretary of the board of directors of the stock corporations, shall keep confidentiality with respect to the information and issues of which they have knowledge due to their position within the company, when such information or issues are not for public access.

May the arbitral tribunal order to the principal to order itself to its employees to reveal commercial secrets or information on the issues of the company? May the CEO comply with such order, without the risk of incurring in liabilities towards the company, shareholders or partners? May the arbitral tribunal sanction, or make negative inferences, against a party that refuses to follow its instructions in such conditions?

In conclusion, things are far from being clear. Due to lack of space and brains leakage, I end it here.

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